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Los bancos continúan financiando la destrucción de la Amazonía: el 71% de la selva no está protegida
Un nuevo informe revela que la Amazonía no está protegida eficazmente por los marcos de
gestión de riesgos ambientales y sociales de los cinco principales financistas de petróleo y
gas amazónicos: Citibank, JPMorgan Chase, Itaú Unibanco, Santander y Bank of America.
La Amazonía se acerca a un punto de no retorno que no sólo amenaza la vida de los
pueblos indígenas sino también la selva, su biodiversidad y la vida en todo el mundo. En
otras palabras, el llamado “pulmón del planeta” podría quedarse sin aire pronto.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación, los bancos que financian la extracción
de petróleo y gas en la Amazonía no la protegen eficazmente en su marco de gestión de
riesgos dejando vulnerable la mayor parte del territorio. No hay gestión de riesgos para el
cambio climático, la biodiversidad, la cubierta forestal y los derechos de los pueblos
indígenas.
Los bosques amazónicos se extienden a lo largo de nueve países latinoamericanos: Brasil,
Venezuela, Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú, Guyana, Guyana Francesa y Suriname. Y los
ejemplos sobre las consecuencias negativas que trae la extracción de petróleo y gas en la
Amazonía, sobran.
En Ecuador, por ejemplo, se han registrado más de 4.600 incidentes de derrames de
petróleo y casos de contaminación entre 2006 y 2022, y de estos, más de 530 ocurrieron en
territorios indígenas. En Perú, el 33% (equivalente a 15,4 millones de hectáreas) de los
territorios indígenas se superpone con áreas donde se han otorgado concesiones para la
explotación de petróleo y gas.
Stand.earth y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
(COICA), autores del informe El blanqueo ecológico del Amazonas, destacan el abismo
entre las políticas medioambientales y sociales reivindicadas por los principales financistas
y la destrucción que financian en la región. Mediante la publicación de este informe, piden a
los principales bancos internacionales que pongan fin al financiamiento de la extracción de
petróleo y gas en la Amazonía. Es la única forma, explican, de proteger el 80% restante de
la selva tropical más grande del mundo para 2025.
Sin consulta a los pueblos indígenas
“Desde que la explotación petrolera comenzó hace 60 años en la Amazonía ecuatoriana, se
nos prometió progreso, salud, bienestar y educación, pero sobre todo, una vida digna. Sin
embargo, desde entonces hasta el día de hoy, los pueblos indígenas hemos sido víctimas
de un sistema corrupto que perpetúa la violencia contra nosotros, nos arrebata territorio,
recursos naturales, hermanos y hermanas, y deteriora nuestra calidad de vida”, afirmó José
Esach, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía
Ecuatoriana (CONFENIAE), que representa a cerca de 1.500 comunidades pertenecientes a
las nacionalidades amazónicas Kichwa, Shuar, Achuar, Waorani, Sapara, Andwa, Shiwiar,
Cofan, Siona, Siekopai y Kijos.
Los líderes indígenas y el Relator Especial de Naciones Unidas sostienen que las leyes y
procedimientos de consulta para el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) en
América Latina no incluyeron a los pueblos indígenas, por lo que estos no reconocen la
producción de petróleo en la región como producido en cumplimiento de los principios de
CLPI, como lo establece la Convención 169 de la Organización Mundial del Trabajo y la
Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
“Si los bancos realmente se preocupan por los derechos indígenas, deberían dejar de
financiar actividades que nos están causando daño. Exigimos que bancos como Citibank,
JPMorgan Chase, Santander y Bank of America dejen de financiar a PetroEcuador, Gunvor
y Vitol”, agrega Esach.
Territorios indígenas en la Amazonía, los más afectados
El informe analiza en detalle cómo los flujos ilimitados de capital hacia el sector de petróleo
y gas están amenazando a los pueblos indígenas y sus territorios. Los hallazgos muestran
que, en Ecuador, los bloques de petróleo y gas se superponen al 65% (4,5 millones de
hectáreas) con los territorios indígenas. Los datos del Ministerio de Ambiente, Agua y
Transición Ecológica del país identifican más de 4.600 derrames de petróleo y
contaminación entre 2006 y 2022, de los cuales más de 530 se produjeron en territorios
indígenas, afectando gravemente a estas comunidades.
En Perú, las concesiones de petróleo y gas coinciden en un 33% (15,4 millones de
hectáreas) con los territorios indígenas. La expansión de la industria en Perú, en los últimos
años, incluye una ampliación multimillonaria de la refinería de Talara de Petroperú, que
aumentará la presión para producir petróleo de la Amazonía peruana en selvas intactas,
que son el hogar de los pueblos Achuar, Wampis, Kichwa, Quechua y Urarina.
Además, el sector de petróleo y gas amenaza con destruir reservas de Perú cubiertas por
selvas intactas y habitadas por algunos de los últimos pueblos indígenas en situación de
aislamiento y contacto inicial (PIACI). Casi el 20% de una superficie estimada de 7.460.000
hectáreas de reservas destinadas a la protección de los PIACI coincide con bloques
petrolíferos y gasísticos.
Solo el HSBC, otro de los grandes financistas de petróleo y gas amazónicos, presentó un
ejemplo positivo. En diciembre de 2022, el banco británico se comprometió a excluir el
financiamiento de petróleo y gas en la Amazonía. Esta política ha dado buenos resultados
hasta ahora: no se registran nuevas transacciones de HSBC en 2023 en la Base de Datos
de los Bancos Operando en la Amazonía de Stand.Earth, que rastrea los bancos
involucrados en transacciones de suscripción de préstamos y bonos para empresas con
actividades de petróleo y gas en la Amazonía de Perú, Ecuador, Brasil y Colombia.
En nombre de un falso progreso
“El Estado, los bancos y las empresas que explotan el petróleo y gas afirman que es en
nombre del ‘progreso’, pero son cómplices de atentar contra la vida de los PIACI, nuestra
Amazonía peruana que guarda más de 32,5 millones de bosques intactos y la biodiversidad
que sustenta la vida de nuestros pueblos y del planeta. Exigimos que JPMorgan Chase,
Citibank y Bank of America asuman la responsabilidad por el daño que están causando en
la Amazonía peruana, que asuman como suyas las secuelas que estamos viviendo. Que
sepan que de avanzar este código de silencio que es un código de extinción, los PIACI
desaparecerán con sus territorios y sistemas de conocimiento. Y con ellos, desaparecerá
también nuestra esperanza de salvar la Amazonía y el planeta”, dijo Jorge Pérez, presidente
de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
El informe insta a que los bancos adopten una exclusión geográfica que abarque todas las
transacciones relacionadas con el sector de petróleo y gas en la Amazonía. Se trata de un
planteamiento similar, pero más abarcador, a las exclusiones del Ártico adoptadas por
algunos bancos en 2020 para proteger los valores medioambientales y sociales globalmente
significativos de esa región. Se propone como la única solución viable para proteger el 80%
restante de la Amazonía, para proteger la biodiversidad, mitigar el cambio climático y
defender los derechos de los pueblos indígenas.
Además, recomienda cómo los bancos pueden mejorar sus políticas en general yendo más
allá de la gestión del riesgo reputacional y creando enfoques más prospectivos que valoren
los verdaderos costes de los impactos adversos para las personas y la naturaleza, a medida
que el mundo se enfrenta a la doble crisis del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
