Noticias

Con la Presidencia Pro Tempore del CMAR, el país tiene la oportunidad de transformar un acuerdo voluntario en un instrumento vinculante.  

En la COP26 de Glasgow, en el año 2021, Colombia marcó la agenda azul a nivel regional. Bajo el liderazgo del entonces ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, el país impulsó junto a Costa Rica, Ecuador y Panamá la declaración para fortalecer el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), una iniciativa creada en 2004 para proteger el corredor marino oriental de estos Estados donde se encuentran joyas oceánicas como Malpelo, Galápagos, Isla del Coco y Coiba.  

Cuatro años después, la discusión vuelve al centro del tablero internacional. La COP30 en Belém do Pará (Brasil) no será el espacio donde nazca formalmente un tratado, pero sí el escenario idóneo para que Colombia, hoy con la Presidencia Pro Tempore del CMAR, proponga la hoja de ruta que permita convertir este acuerdo voluntario en un instrumento jurídicamente vinculante, con reglas claras de monitoreo satelital, mecanismos de sanción y fuentes de financiamiento climático. O al menos eso piensan los expertos.

La coyuntura no podría ser más favorable. En abril de este año, la entonces ministra de Ambiente Lena Estrada Añokazi asumió la presidencia temporal del CMAR, lo que otorgó a Colombia un liderazgo natural en el proceso. Sin embargo, tras su salida y la llegada de Irene Vélez Torres como ministra encargada (desde el pasado 5 de agosto), la cartera ambiental no ha vuelto a referirse a este tema, en un momento donde el país podría liderar discusiones en una COP donde Latinoamérica, y lo que se proponga para el cuidado de sus ecosistemas y la lucha climática, será central.

La póliza de seguro del Pacífico

Para el exministro Carlos Eduardo Correa, la COP30 debe servir como plataforma para pasar “del memorando a la norma, del compromiso voluntario a reglas claras y verificables, con consecuencias”. A su juicio, un CMAR vinculante sería “la póliza de seguro para proteger la conectividad ecológica real entre Malpelo, Coiba, Isla del Coco y Galápagos”.

Correa recuerda que en la COP26 se lograron ejecutorias importantes como la iniciativa 30x30 “y Colombia fue el primer país en declarar el 37 % de los océanos y el 31 % de lo terrestre” como áreas protegidas. Pero advierte que necesitamos menos promesas y más acción.

La propuesta no es menor. En un océano donde confluyen flotas pesqueras internacionales, redes de narcotráfico y rutas migratorias de especies críticas, contar con un tratado vinculante sería un blindaje frente a presiones económicas y políticas. “Hoy tenemos herramientas como la inteligencia artificial y los microsatélites que permiten monitoreo en tiempo real; lo que falta es voluntad política para usarlas coordinadamente”, agrega el exministro.

Desde WWF Colombia, la especialista en áreas marinas Juliana Sintura-Arango subraya que el CMAR no solo es un asunto de conservación, sino también de adaptación climática. “Los océanos, y por lo tanto el corredor, juegan un rol fundamental en la mitigación del cambio climático y en la construcción de resiliencia climática basada en los mares”, señala.

En su opinión, la COP30 puede ser el espacio para construir una visión oceánica dentro de las Contribuciones Nacionales Determinadas, que hasta ahora se han centrado en bosques y deforestación. Esa perspectiva es crucial, porque fenómenos como El Niño y La Niña —que se gestan en el Pacífico tropical— tienen impactos directos en sequías, inundaciones y seguridad alimentaria en toda la región andina.

Sintura conecta la coyuntura con el calendario internacional: “En 2027, Brasil será sede de la Conferencia de la Década del Océano de la Unesco. Este es el momento para que Colombia impulse la hoja de ruta y llegue a Río de Janeiro como líder regional en agenda azul”. También resalta que el país ya ha demostrado capacidad científica para liderar, con el cumplimiento de la iniciativa 30x30 o las expediciones recientes en los cayos de Serranilla y Bajonuevo que permitieron registrar nuevas especies y consolidar información clave para la conservación en la Reserva de la Biósfera Seaflower.

Un marco jurídico con dientes

Expertos como el doctor en Ciencias Carlos Julio Polo Silva, director de Sharky Management and Consulting, coinciden en que la COP30 no es el espacio técnico para firmar un tratado, pero sí la vitrina estratégica para lanzar una hoja de ruta. “Colombia puede liderar el impulso político, sumar aliados y recursos, y anunciar el inicio de diálogos técnicos hacia un instrumento vinculante”, afirma.

Polo explica que el éxito de un eventual tratado radica en que combine medidas obligatorias con mecanismos operativos y financiamiento. “El instrumento debería definir con claridad el área del corredor y las especies prioritarias; establecer medidas mínimas como límites de captura incidental y vedas estacionales; crear un sistema de intercambio de datos y operaciones conjuntas de control; contar con un fondo regional para financiar patrullajes y monitoreo satelital; y exigir reportes periódicos con sanciones en caso de incumplimiento”, precisa.

A ello se sumaría la integración del cambio climático en la gestión de las áreas marinas protegidas y la inclusión de comunidades locales en la gobernanza. “Un instrumento vinculante daría seguridad jurídica y permitiría acciones coordinadas que hoy son muy difíciles bajo un esquema voluntario”, añade.

La propuesta no es novedosa en el plano global. Experiencias como el Tratado Antártico o la reciente entrada en vigor del acuerdo de biodiversidad en áreas fuera de jurisdicción nacional (BBNJ) muestran que es posible coordinar soberanías distintas alrededor de un objetivo común. Para Polo, el CMAR puede ser el “primer gran experimento latinoamericano” de ese tipo.

En ese sentido, para Mateo Córdoba, coordinador de Transición Ecológica en la oenegé Vivamos Humanos, el gran reto es que la voluntad de los países no dependa exclusivamente de la cooperación internacional. “El interés no puede estar atado únicamente a los recursos que lleguen de la cooperación. Debe existir un compromiso de Estado y no de gobierno”, explica.

Córdoba advierte que Colombia tiene condiciones para liderar, pero necesita una figura política fuerte: “Sin una cara visible y un liderazgo político claro en Colombia será muy difícil. Panamá y Costa Rica han tenido gobiernos con agendas ambientales poco protagónicas, y en Ecuador incluso se discute la disolución del Ministerio de Ambiente. La COP30 es la oportunidad para que Colombia encabece un paso histórico hacia un mecanismo vinculante”, destaca.

También insiste en que el CMAR debe ir más allá de declarar kilómetros cuadrados de mar: “Se trata de coordinar políticas de pesca, de turismo, de seguridad marítima y de participación comunitaria; de lo contrario, se queda en letra muerta”. Para Córdoba, incluir la voz de comunidades locales y pueblos indígenas es clave, porque muchos de los territorios asociados al corredor tienen población residente o conexa que depende directamente de los recursos marinos.

¿Aprovechará Colombia la oportunidad?

Pese a la coyuntura, EL TIEMPO consultó en varias ocasiones al Ministerio de Ambiente sobre si tiene alguna propuesta para la consolidación del CMAR como instrumento vinculante, pero tras el relevo ministerial de agosto no ha habido pronunciamientos.  

Este silencio preocupa a los expertos porque la COP30 es inminente y sin un liderazgo claro en la cartera de Ambiente, que por ahora permanece bajo encargo, Colombia corre el riesgo de desperdiciar la presidencia del CMAR (que se cambia cada cierto tiempo) y la oportunidad de presentar una propuesta robusta. “El liderazgo de Colombia es clave porque el país es la bisagra geográfica que conecta a Panamá y Costa Rica con el corredor, y además comparte frontera con ellos en el Caribe”, apunta Córdoba.

En todo caso, la ventana de acción no se cierra en Belém. En dos años, Brasil será anfitrión de la Conferencia de la Década del Océano en Río de Janeiro, un evento promovido por la Unesco que promete convertirse en el foro global más importante para la gobernanza oceánica.

“Si en la COP30 logramos acordar una hoja de ruta hacia un CMAR vinculante, Colombia podría llegar a Río 2027 como líder indiscutible de la agenda azul regional”, resalta Sintura-Arango. “Dejar pasar la oportunidad significaría relegarnos a declaraciones sin dientes y a depender de fondos externos”.

Es claro que aunque la COP30 no será el lugar de la firma, sí puede ser el punto de partida. Y Colombia, con la presidencia del CMAR y su legitimidad técnica, política y geográfica, tiene la posibilidad de encender la chispa de un nuevo pacto por los océanos.

Como lo resume Correa, “los cuatro países lograrían liderazgo global y atraerían mecanismos innovadores de financiación para la conservación. No podemos perder esta oportunidad”.

Esta información fue publicada gracias al apoyo de la iniciativa: Desafíos y oportunidades de conservación en el Corredor Marino del Pacífico Oriental Tropical (CMAR) de LatinClima, MarViva y el Centro Científico Tropical, con el apoyo de la Earth Journalism Network y la colaboración del CMAR.